Si el 10 de enero hablamos del cambio en el sistema de cotización de las prácticas académicas, hoy actualizamos este episodio. El pasado martes 22 el Gobierno matizó el Real Decreto 28/2018, de forma que planteó que las universidades no pagarán la Seguridad Social de los becarios. Parece que la denuncia que lanzó el sector universitario ha surtido efecto. Según ABC, “el Ejecutivo ha admitido que la redacción del real decreto no ha sido la más correcta y que en su ánimo no estaba que las universidades se hicieran cargo de esto. Por ello, tras la reunión mantenida con los rectores, se comprometió a crear una Comisión Técnica, que será la que elaborará el reglamento en el que se «matizarán» estas cuestiones. Esta Comisión Técnica se reunirá a principios de febrero y su objetivo es decidir la cuantía y quién pagará las cotizaciones sociales cuando entre en vigor el real decreto en el curso 2019-2020″.

Sin embargo, por su parte también las empresas han alzado la voz contra la nueva medida así que la decisión todavía está en el aire. Para la CEOE este cambio normativo “perjudicaría tanto a las empresas como a los estudiantes, al sistema de formación profesional y universitario y al propio mercado de trabajo al perder esta herramienta de acercamiento de la educación a las necesidades laborales”. El Confidencial publica que el Gobierno tiene tres meses para desarrollar la cotización y  para ello “recabará opiniones y análisis de todas las partes antes de lanzar una propuesta formal de cotización. A tal efecto, creará un grupo de trabajo en el que estará representado el Ministerio de Educación, el de Ciencia (de quien dependen las universidades), la Seguridad Social, los sindicatos y las empresas”.

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