Empezamos el año con una noticia del diario ABC que hizo saltar las alarmas entre las universidades, los alumnos y los centros de formación profesional: la nueva regulación de la cotización a la Seguridad Social de las prácticas académicas.

El Real Decreto para la revalorización de las pensiones públicas aprobado el  28 de diciembre cambia el sistema actual y ahora se harían cargo de esta cotización los propios centros. Esta modificación supone una mella económica y puede afectar a 200.000 alumnos con un coste de entre 50 y 60 euros al mes por cada uno de ellos. Además ahora tanto las prácticas curriculares como las extracurriculares implican el alta en la Seguridad Social.

El rector de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de Asuntos Académicos de la Conferencia de Rectores (CRUE), Carlos Andradas, ha afirmado que “se abre un escenario de inseguridad y un melón que puede tener graves consecuencias y perjuicios. Habrá universidades dispuestas a pagar las cotizaciones, y otras no”.